La exclusión y la marginación social suelen ser el mejor “caldo de cultivo” para gran parte de los problemas y las adicciones que aquejan a nuestros adolescentes y jóvenes. La desigual repartición de la riqueza alimenta esos escenarios que consagran la inequidad.
Para superar aquello, el Estado debe planificar e invertir en dos pilares fundamentales: salud y educación. Estos dos derechos, que deben entenderse como tal, son absolutamente respetados en el Gobierno Nacional por ser fundamentales en la construcción de una sociedad justa y equitativa, que genere las oportunidades en igualdad de condiciones para todos sus miembros.
Es en ese contexto que, como Estado, buscamos la corresponsabilidad social en la búsqueda de soluciones al consumo problemático de las drogas.
Los debates académicos, el involucramiento de los maestros, pero también de los estudiantes y de todos quienes hacen el alma máter, sin duda aportarán con ideas y formas adecuadas para avanzar en la prevención del consumo problemático de las drogas.
Entendiendo esa dinámica, las instituciones de educación superior y la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas firmaron un convenio de cooperación como un correlato lógico para avanzar en la búsqueda de aportes y, de ser posible, de soluciones.
La academia, lejos de ser un cenáculo elitista, es parte de la sociedad misma; se nutre de ella, vive de ella y en ella. Por tal motivo, no puede estar de espaldas a estos problemas que tal vez no la afectan directamente, pero que corroen a la comunidad a la que debe servir; y al afectarse su entorno, también se afectará en su funcionamiento.
Con la cooperación interinstitucional, buscamos consolidar la prevención como mejor respuesta. Sin dejar de lado el combate a la oferta y también la rehabilitación, conseguir mejoras en la prevención nos permitirá atacar este problema que hoy, con especial saña, afecta a los niños, las niñas y los adolescentes de nuestra nación.
La academia, como parte de accionar cotidiano, debe detectar las angustias sociales. Tal vez, el problema de las drogas aún no ha llegado a nuestras casas, a nuestra comunidad. Tal vez, vemos a este mal como algo distante, que no nos involucra de forma directa porque solo la percibimos a través de la crónica roja que nos relata hechos de violencia y de miseria como parte del paisaje de barrios alejados de nuestra próxima mirada.
Pero lo que para nosotros es distante, es cruel realidad para otros tantos ecuatorianos que deben existir entre malsanas relaciones de cuerpos de seguridad, de traficantes, de angustias que aparecen como una amenaza cotidiana de la cual no se puede salir con facilidad.
La trama de dolor, sufrimiento y exclusión que genera esta problemática, no se soluciona con más cárcel o con más represión. En el pasado inmediato ya se lo intentó y no funcionó.
Ratificando lo que dice nuestra Constitución, el consumo problemático de drogas debe ser visto como un problema de salud pública. La mención de este hecho no es nueva, pero es absolutamente novedosa porque es en la Constitución donde se la determina; esto nos obliga a asumir responsabilidades como Estado y como sociedad, como docentes y demás servidores de la educación, sea pública o privada.
Un problema que antes se lo callaba porque avergonzaba como familia, como comunidad y hasta como nación, hoy se discute y trata en foros públicos para prevenirlo
.
En todo el país existen 260 instituciones de educación superior. Es en este espacio donde buscamos que se produzca el debate. Donde se hable y se encuentren ideas novedosas que, sin incumplir derechos fundamentales, nos permitan curar esta afectación social.
Para superar aquello, el Estado debe planificar e invertir en dos pilares fundamentales: salud y educación. Estos dos derechos, que deben entenderse como tal, son absolutamente respetados en el Gobierno Nacional por ser fundamentales en la construcción de una sociedad justa y equitativa, que genere las oportunidades en igualdad de condiciones para todos sus miembros.
Es en ese contexto que, como Estado, buscamos la corresponsabilidad social en la búsqueda de soluciones al consumo problemático de las drogas.
Los debates académicos, el involucramiento de los maestros, pero también de los estudiantes y de todos quienes hacen el alma máter, sin duda aportarán con ideas y formas adecuadas para avanzar en la prevención del consumo problemático de las drogas.
Entendiendo esa dinámica, las instituciones de educación superior y la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas firmaron un convenio de cooperación como un correlato lógico para avanzar en la búsqueda de aportes y, de ser posible, de soluciones.
La academia, lejos de ser un cenáculo elitista, es parte de la sociedad misma; se nutre de ella, vive de ella y en ella. Por tal motivo, no puede estar de espaldas a estos problemas que tal vez no la afectan directamente, pero que corroen a la comunidad a la que debe servir; y al afectarse su entorno, también se afectará en su funcionamiento.
Con la cooperación interinstitucional, buscamos consolidar la prevención como mejor respuesta. Sin dejar de lado el combate a la oferta y también la rehabilitación, conseguir mejoras en la prevención nos permitirá atacar este problema que hoy, con especial saña, afecta a los niños, las niñas y los adolescentes de nuestra nación.
La academia, como parte de accionar cotidiano, debe detectar las angustias sociales. Tal vez, el problema de las drogas aún no ha llegado a nuestras casas, a nuestra comunidad. Tal vez, vemos a este mal como algo distante, que no nos involucra de forma directa porque solo la percibimos a través de la crónica roja que nos relata hechos de violencia y de miseria como parte del paisaje de barrios alejados de nuestra próxima mirada.
Pero lo que para nosotros es distante, es cruel realidad para otros tantos ecuatorianos que deben existir entre malsanas relaciones de cuerpos de seguridad, de traficantes, de angustias que aparecen como una amenaza cotidiana de la cual no se puede salir con facilidad.
La trama de dolor, sufrimiento y exclusión que genera esta problemática, no se soluciona con más cárcel o con más represión. En el pasado inmediato ya se lo intentó y no funcionó.
Ratificando lo que dice nuestra Constitución, el consumo problemático de drogas debe ser visto como un problema de salud pública. La mención de este hecho no es nueva, pero es absolutamente novedosa porque es en la Constitución donde se la determina; esto nos obliga a asumir responsabilidades como Estado y como sociedad, como docentes y demás servidores de la educación, sea pública o privada.
Un problema que antes se lo callaba porque avergonzaba como familia, como comunidad y hasta como nación, hoy se discute y trata en foros públicos para prevenirlo
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En todo el país existen 260 instituciones de educación superior. Es en este espacio donde buscamos que se produzca el debate. Donde se hable y se encuentren ideas novedosas que, sin incumplir derechos fundamentales, nos permitan curar esta afectación social.
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